El CES dictaminará sobre modificaciones en la inscripción y en el control de viviendas adjudicadas
Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo Noticias de Salta 26/08/2014 08:30El interventor del Instituto Provincial de la Vivienda solicitó a los integrantes del Consejo Económico Social dictaminen sobre modificaciones propuestas por el IPV vinculadas con los requisitos en la inscripción y posterior control de las viviendas preadjudicadas y adjudicadas.
Los consejeros trabajarán a través de comisiones.
El interventor del Instituto Provincial de Viviendas, Matías Posadas, presentó al Consejo Económico Social dos proyectos de resoluciones tendientes a modificar los requisitos en la inscripción y posterior control de las viviendas preadjudicadas y adjudicadas. Los documentos fueron presentados esta tarde por el interventor en una nueva reunión ordinaria del Consejo, encabezada por su presidente, Julio César Loutaif.
Posadas explicó que la puesta en vigencia de estas resoluciones permitirá aplicar cambios en la inscripción de los interesados y posteriormente un mayor control en las preadjudicaciones, adjudicaciones de las viviendas que el IPV entrega.
Loutaif indicó que al igual que el tratamiento del proyecto de la Ley de Tierras, se trabajará a través de una comisión conformada con los consejeros de la entidad que dirige que se establecerá esta semana. "Es de destacar que el IPV realiza una gestión para acercarse más a la gente y creo que el Consejo puede ser ese vehículo de llegada a través de los representantes de los sectores de nuestra comunidad", dijo el titular del organismo.
Por su parte, el interventor del IPV destacó el trabajo del Consejo y aseguró que es importante contar con opiniones de distintos sectores de la sociedad "ya que logran legitimar políticas públicas". En base a esta afirmación, Posadas manifestó que el Consejo trabajará sobre resoluciones muy sensibles para la ciudadanía, y de las cuales se desprende la necesidad de contar con una vivienda social.
"Estos cambios apuntan a garantizar que las viviendas lleguen a quienes la precisan, cortando esa brecha entre las familias que necesitan una vivienda y las posibilidades del Gobierno, a través del IPV, de entregárselas", dijo Posadas.
Modificaciones de inscripción
Con respecto a la inscripción de los interesados, el interventor explicó que los proyectos de resoluciones apuntan, entre otras cuestiones, a realizar un mayor control sobre la conformación de los denominados grupos familiares, como así también, de los domicilios asentados por los ciudadanos en la inscripción del IPV.
Además prevé que en la participación en los sorteos por una vivienda social, el inscripto deberá tener un año de antigüedad en el Registro de los Postulantes y no contar con propiedades, mientras que en el caso que se firmen convenios con asociaciones, los postulantes deberán tener, al menos, dos años de antigüedad.
Adjudicados a una vivienda
Las resoluciones además hacen referencia a la ocupación de la vivienda en forma efectiva del grupo familiar. Sobre este punto pasaría de 10 a 30 días hábiles posteriores a su entrega. Con respecto a esto, Posadas explicó que este aumento en el plazo pretende que los adjudicatarios, en ese periodo, puedan obtener los servicios básicos, como así también, realizar una construcción mínima de seguridad.
Se estudia además ampliar el plazo de pago de las viviendas de 20 a 30 años. Esto permitirá que los adjudicados tengan una cuota menor y que un mayor número de familias puedan inscribirse, ya que se adecuarán al rango del ingreso mensual solicitado.
Límites a obras de ampliación
Dentro de los proyectos figura la limitación para la ampliación de las viviendas en el periodo de dos años, en más de un 50% de la superficie construida de la vivienda originariamente entregada. En caso de que los adjudicatarios superen el porcentaje máximo permitido, sin encontrarse dentro de las salvedades, deberán cancelar la totalidad de la vivienda en un plazo de 30 días hábiles.
Al mencionar el cupo para personas con discapacidad que hoy es el 10% de las viviendas a entregar, Posadas expresó que sería conveniente contar con la opinión del Consejo en regular dicha entrega de acuerdo a los distintos tipos de discapacidades que se presenten.
Por último, el interventor del IPV manifestó que estará prohibida la adjudicación de viviendas a funcionarios del Poder Ejecutivo y al mismo tiempo, se trabajará para hacerlo extensivo a los otros poderes del Estado.
Fuente: Secretaria de Comunicación.
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