Proponen reducir la institucionalización de menores en Salta

Noticias de Salta Infancia 14/06/2019 07:50

La medida fue anunciada por el ministro de la Primera Infancia Carlos Abeleira y el Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, y se la realizó en el marco de la inminente entrada en vigencia del Régimen Penal Juvenil.

Procuración General y Primera Infancia se proponen reducir la institucionalización de menores en Salta

El Ministerio de la Primera Infancia y la Procuración General de la provincia trabajarán juntos para reducir el índice de menores institucionalizados. Acordaron trabajar en conjunto para optimizar el proceso de reconocimiento familiar y social de los menores que son denunciados o víctimas. La medida fue anunciada por el ministro de la Primera Infancia Carlos Abeleira y el Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo.

Durante el anuncio, Abeleira indicó que “el conocimiento es parte integral, dinámica y determinante de los seres humanos, y por ende de los Gobiernos. Por ello, para realizar una intervención social es de vital importancia comprender cómo influyen las prácticas sociales en el desarrollo de la inteligencia, la comprensión y la construcción colectiva de significados en una comunidad determinada”.

Según el funcionario, ante esta necesidad “Primera Infancia ha desarrollado un conjunto de herramientas, sistemas y metodologías con el fin de conocer y comprender a fondo la realidad de las personas. Un modelo práctico que puede implementarse en cualquier territorio”. En Salta, Primera Infancia implementa utiliza este modelo junto a más 30 de municipios salteños, para generar información integral, actualizada, nominalizada y contextualizada de las comunidades más pobres de la provincia. Estos datos y compartidos por diversos organismos para diseñar, ejecutar y monitorear políticas públicas.

En ese sentido, el Procurador aclaró que las posibilidades tecnológicas e informáticas con las que cuenta el Ministerio de la Primera Infancia, permitirán a los equipos de la Procuración, acceder a datos de contexto familiar y social de los menores denunciados y víctimas, de manera orientativa. Toda la información a la que se acceda, se administrará de manera confidencial y solamente por parte de los fiscales de menores. Los datos no serán utilizables para el proceso penal y tendrán solo el carácter de orientativos.

El anuncio se realizó en el marco de la inminente entrada en vigencia del Régimen Penal Juvenil. La tarea se llevará adelante a través de las Fiscalías de Menores. Cornejo destacó la necesidad de avanzar en procesos para evitar la institucionalización de los menores y salir del esquema persecutorio y represivo. En cambio, apuntó a “optimizar las herramientas de los distintos poderes del estado para anticiparse y no trabajar sobre las consecuencias” de distintas carencias que pueden generar un contexto propicio para la posterior comisión de delitos por parte de menores.

En sintonía con estos dichos, el Ministro Abeleira remarcó que “el desafío es innovar dentro de la administración pública. Humanizar al Estado, plantear políticas transversales a largo plazo que vinculen al Gobierno y los actores de la sociedad institucionalizada detrás de un mismo plan, un Estado proactivo que atienda cusas y no solo consecuencias. Solo así el cambio será real e indetenible”.

Del encuentro también participaron el secretario de Niñez y Familia, Rodrigo Fernández y la representante de los fiscales de Menores ante el Consejo Asesor, Carolina Hernández, quien sostuvo que esta alianza ofrecerá instrumentos para entender por qué un menor podría haber llegado a la comisión de un delito o ser víctima; además de posibilitar que a través de distintas derivaciones a dispositivos de contención, se reduzca la reincidencia y judicialización de menores.

La Ley 8097, de Régimen de Responsabilidad Penal para niñas, niños y adolescentes, entrará en vigencia el 5 de septiembre próximo. El procedimiento especial que se establecerá mediante dicho régimen legal, se aplicará a las causas por delitos cometidos exclusivamente o con la participación de niñas, niños o adolescentes que, a la fecha de comisión del hecho, no hubiesen cumplido la edad de dieciocho años.

De esta manera Primera Infancia continúa generando espacios de articulación que comuniquen en un mismo plan a las diferentes áreas del Estado, las organizaciones del tercer sector, las universidades, el empresariado y los vecinos.